El presidente del Congreso Nacional respaldó la aplicación de las reformas penitenciarias y felicitó al director del INP, Walter Amador Lacayo, por iniciar su implementación tras el traslado de 574 privados de libertad.

Tegucigalpa, Honduras.- «Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de relajación, vacaciones o, peor aún, centros de operaciones de la delincuencia», manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, al pronunciarse sobre la aplicación de las reformas al sistema penitenciario y el reciente traslado de reclusos desde La Tolva hacia Támara.

El titular del Legislativo felicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, por comenzar a implementar las disposiciones aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional.

Zambrano señaló que estas reformas proporcionan a las autoridades penitenciarias las herramientas necesarias para retomar el control y restablecer el orden en los centros de reclusión del país.

«Honduras solo avanzará si convertimos en hechos las leyes que aprobamos en el Legislativo», expresó el congresista, al insistir en la importancia de que las decisiones adoptadas en el Poder Legislativo se traduzcan en acciones concretas.

Asimismo, aseguró que continuarán exigiendo resultados en materia de seguridad y justicia, y destacó que ya comienzan a observarse avances en los órganos encargados de impartir justicia.

Traslado de 574 privados de libertad

El pronunciamiento de Zambrano se produce después de que el INP ejecutara el traslado de 574 privados de libertad desde el centro penitenciario de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, hacia Támara, en Francisco Morazán.

La movilización incluyó a 562 internos clasificados como «paisas» y otros 12 señalados por las autoridades como integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Los reclusos serán reubicados en módulos de máxima seguridad en el valle de Amarateca, como parte de las acciones orientadas a reorganizar la población penitenciaria, reforzar los controles y mantener separados a los internos de población común de quienes son identificados como integrantes de estructuras criminales.

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