Congreso aprueba Ley de Protección del Sector Agroindustrial para combatir invasiones de tierras

El Congreso Nacional aprobó este jueves, en tercer y último debate, la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, una normativa que busca garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, proteger la propiedad privada y fortalecer las acciones del Estado frente a las invasiones de tierras destinadas a la producción agroindustrial.

Durante la discusión del proyecto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el país ha registrado un incremento en las ocupaciones ilegales de tierras durante los últimos años, situación que, según expresó, ha generado incertidumbre para los productores y ha afectado la inversión y el empleo.

“Hemos visto cómo se han incrementado las invasiones en estos últimos años”, manifestó Zambrano al iniciar el debate.

El titular del Poder Legislativo también sostuvo que durante la administración anterior existieron decisiones que, a su juicio, favorecieron las invasiones de tierras.

“Eso lo que nos ha traído es inseguridad jurídica, desempleo, menos inversión y menos producción en el país”, afirmó.

Aseguran que la ley no afecta la reforma agraria

Zambrano explicó que la nueva legislación no limita los procesos de reforma agraria y aseguró que el Congreso Nacional respalda la entrega de tierras ociosas a campesinos mediante los mecanismos establecidos en la ley.

“A los campesinos: más bien desde el Congreso tenemos que apoyar que esas tierras ociosas, que a través del INA se hacen los trámites, se les pueda ir dotando de esas tierras, pero no tierras productivas”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado al Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia para que actúen con mayor celeridad en los casos relacionados con ocupaciones ilegales y en la ejecución de órdenes de desalojo.

Alcances de la normativa

La ley, integrada por nueve artículos, declara como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial, incluyendo las inversiones productivas, las tierras destinadas a la producción, la infraestructura, las cadenas logísticas, el transporte de bienes y las personas naturales o jurídicas vinculadas al sector.

Además, establece como inafectables las tierras y mejoras destinadas a la actividad agroindustrial y dispone que, bajo ninguna circunstancia, se justificarán ocupaciones, invasiones o usurpaciones sobre estos predios, aun cuando se argumenten conflictos sociales, protestas o reclamos colectivos.

El decreto también establece que el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás autoridades competentes deberán actuar de forma inmediata ante denuncias relacionadas con ocupaciones ilegales, tomas o bloqueos que afecten directa o indirectamente la actividad agroindustrial.

Incorporan observaciones al proyecto

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, diputado Marcos Paz, presentó una modificación al artículo 6 para ordenar que, en aquellos casos donde empresas o unidades productivas permanezcan invadidas sin resolución judicial que respalde a los ocupantes, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las autoridades competentes procedan a ejecutar los desalojos.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, solicitó que las disposiciones de la ley no sean aplicadas en territorios indígenas y tribales reconocidos sin que previamente se realice el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Constitución de la República.

La propuesta fue respaldada por el diputado David Manaiza, quien pidió extender esa protección a los nueve pueblos indígenas y afrodescendientes del país.

Asimismo, el diputado liberal Roberto Pineda Chacón propuso incluir dentro del alcance de la ley la protección de zonas ambientales, humedales, parques nacionales y áreas turísticas frente a invasiones derivadas de la expansión de actividades agrícolas y ganaderas.

“Tiene que ser una ley que no solo abrace a los grandes inversionistas, sino que también protejamos al pequeño agricultor y ganadero que tiene predios pequeños”, expresó.

Las observaciones fueron aceptadas por la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana e incorporadas al texto aprobado por el pleno del Congreso Nacional.