TEGUCIGALPA. En un consenso poco frecuente que unió a las cinco fuerzas políticas, el Congreso Nacional aprobó de forma unánime un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto. La medida busca transformar la administración financiera del Estado mediante el fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), bajo estándares internacionales de transparencia y eficiencia. La iniciativa, que reforma 11 artículos e incorpora ocho nuevos apartados técnicos, responde a compromisos adquiridos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mecanismo Gafilat, orientados a blindar el sistema financiero público contra la opacidad y el descontrol del gasto. El fin de la dispersión: Todo a una sola cuenta El eje central de la reforma es la consolidación del sistema de la CUT. A partir de ahora, todos los recursos del sector público deberán centralizarse en una estructura única administrada por la Tesorería General de la República (TGR), bajo la rectoría de la Secretaría de Finanzas (Sefin). Puntos clave de la centralización: Prohibición de cuentas paralelas: Las instituciones públicas ya no podrán abrir cuentas bancarias externas, salvo excepciones estrictas autorizadas por Sefin. Unidad de caja: Se busca eliminar la fragmentación de fondos que históricamente dificultaba la trazabilidad del dinero. Cierre fiscal riguroso: Al finalizar el año, los saldos no ejecutados deberán reintegrarse obligatoriamente a la CUT. Superpoderes para la Tesorería General La reforma al Artículo 94 redefine el rol de la TGR, que deja de ser un ente meramente receptor para convertirse en un gestor estratégico de liquidez. Sus nuevas facultades incluyen: Centralización total de ingresos y programación de pagos. Gestión de excedentes de liquidez bajo criterios técnicos. Emisión de instrumentos financieros de corto plazo en coordinación con el Banco Central para cubrir baches temporales de caja. «La ejecución del gasto estará ahora directamente vinculada al flujo efectivo de caja, evitando que se asuman compromisos presupuestarios que no tengan un respaldo financiero inmediato», dicta el documento aprobado. Transparencia y blindaje legal Otro aspecto relevante es la regulación de los fondos rotativos, que ahora quedan limitados a gastos urgentes o menores y bajo estricta supervisión. Asimismo, se establecen reglas claras para los embargos judiciales contra el Estado: estos deberán tramitarse vía Tesorería para evitar que procesos legales interrumpan la prestación de servicios públicos esenciales. Impacto esperado Con estos cambios, el Gobierno busca no solo cumplir con la agenda internacional, sino mejorar su calificación de riesgo y asegurar que cada lempira recaudado sea monitoreado en tiempo real. La modernización de la administración financiera sitúa a Honduras en una ruta de mayor disciplina fiscal, donde la disponibilidad real de dinero —y no solo el papel del presupuesto— dicte el ritmo de la inversión pública. Navegación de entradas “No le vamos a fallar a Honduras”: Tomás Zambrano destaca avances legislativos y acciones sociales Orden, apertura y productividad marcan los primeros 100 días del nuevo Congreso Nacional