Honduras identifica cuatro terrenos para construir cárcel de máxima seguridad; obra tardaría hasta 10 meses

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades gubernamentales identificaron cuatro terrenos propiedad del Estado de Honduras como posibles opciones para construir una cárcel de máxima seguridad, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, informó este martes 20 de octubre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

El anuncio se produjo tras una reunión entre la junta directiva del Poder Legislativo, los jefes de bancada, las comisiones legislativas y representantes de las instituciones encargadas de la seguridad, en la que se abordaron los avances para concretar el proyecto penitenciario.

Zambrano explicó que, durante el encuentro, el general Lacayo informó sobre la existencia de varios terrenos que ya están a nombre del Estado y que actualmente se evalúan para determinar cuál reúne las mejores condiciones para la construcción del nuevo centro penal.

«Existen varios terrenos, nos ha explicado el general Lacayo. Hay como tres, cuatro terrenos ya a nombre del Estado de Honduras y se está identificando cuál es la mejor opción», manifestó el titular del Legislativo durante una conferencia de prensa.

Evaluarán terrenos para definir ubicación de la cárcel

El presidente del Congreso Nacional indicó que los equipos técnicos realizarán visitas a los terrenos identificados para efectuar los estudios correspondientes, definir la ubicación del proyecto y avanzar con el diseño de la infraestructura penitenciaria.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente los lugares donde se encuentran las propiedades que están bajo evaluación.

Zambrano también pidió a la población respaldar la iniciativa en caso de que las autoridades determinen construir el centro penal en alguno de los municipios del país.

«Aprovecho a decirle al pueblo hondureño que donde se identifique, donde se designe por parte de las autoridades penitenciarias, que nos apoyen. Sabemos que no es fácil aceptar que se va a construir un centro penal en algún municipio, en alguna ciudad o en algún departamento, pero aquí hay un bien mayor que es la seguridad de Honduras», expresó.

La construcción de la cárcel forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para fortalecer el sistema penitenciario y mantener bajo mayores restricciones a los integrantes de estructuras criminales considerados de alta peligrosidad.

Construcción podría tardar entre ocho y diez meses

En cuanto al plazo de ejecución, Zambrano señaló que los equipos técnicos estiman que la construcción del centro penitenciario podría completarse entre ocho y diez meses después de que comiencen las obras.

El objetivo, según explicó, es iniciar los trabajos a finales de 2026, de manera que la infraestructura pueda estar terminada dentro del período estimado por los especialistas.

«Este centro penal, a lo que aspiramos, es que se pueda construir o iniciar a finales de este año y esté terminado un promedio mínimo en su etapa en unos ocho a diez meses cuando se inicie la construcción», declaró.

El funcionario agregó que el Congreso Nacional respaldará las gestiones necesarias para avanzar con el proyecto. No obstante, la fecha de inicio dependerá de la selección definitiva del terreno, los estudios técnicos y los demás preparativos requeridos.

Aplicarán medidas de máxima seguridad mientras construyen la prisión

Mientras se concreta la nueva cárcel, las autoridades prevén trasladar a los cabecillas y privados de libertad considerados de alta peligrosidad a módulos de máxima seguridad, como parte de la denominada «guerra de 70 días» contra las estructuras criminales.

De acuerdo con Zambrano, hasta el momento se contabilizan 53 personas capturadas en el marco de estas acciones, quienes se sumarían a las medidas de control penitenciario conforme a las disposiciones correspondientes.

El presidente del Congreso afirmó que el Instituto Nacional Penitenciario tendrá capacidad para alojar durante los próximos meses a aproximadamente 1,300 reclusos considerados peligrosos en módulos sometidos a un régimen estricto de vigilancia y restricción.

«En el Instituto Penitenciario van a tener espacio para estos próximos meses para un promedio de 1,300 reos peligrosos, de los cuales van a estar 23 horas y media encerrados, únicamente con 30 minutos para hacer algo de ejercicio frente a la celda», explicó.

Según el funcionario, las medidas contemplan restricciones de comunicación y de ingreso de dinero y alimentos, con el propósito de impedir que los privados de libertad continúen ordenando delitos desde los centros penitenciarios.

Zambrano sostuvo que estas disposiciones buscan evitar que las cárceles sean utilizadas para coordinar actividades criminales, entre ellas la extorsión y los homicidios.

Por ahora, la ubicación de la futura cárcel de máxima seguridad continúa pendiente de definición, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de los terrenos estatales y en la planificación de una obra que, de comenzar a finales de este año, podría concluir entre ocho y diez meses después del inicio de su construcción.