El Congreso Nacional aprobó este miércoles por unanimidad una serie de reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, con las que se endurecen las sanciones contra los agresores, se fortalecen las medidas de protección para las víctimas y se crea un Registro Nacional de Agresores contra las Mujeres.

La iniciativa fue respaldada por los 128 diputados del Poder Legislativo y fue calificada como una reforma histórica por incorporar nuevas disposiciones orientadas a prevenir la violencia y limitar los beneficios a quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme.

Las modificaciones incluyen reformas al artículo 6 del Decreto 132-97, referente a las medidas de seguridad, precautorias y cautelares, así como la incorporación de los incisos 20-C y 20-D al artículo 20, mediante los cuales se crea el registro de agresores y se establecen nuevas restricciones para las personas condenadas por violencia doméstica.

Nuevas restricciones para agresores

Con la reforma, las personas que cuenten con una sentencia firme por violencia doméstica serán inscritas en un registro nacional y enfrentarán limitaciones para acceder a cargos públicos, créditos, licencias de conducir y otros beneficios establecidos por la ley.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que las reformas recibieron el respaldo unánime de todas las bancadas representadas en el Legislativo.

Según los diputados, el objetivo de la normativa es fortalecer la protección de las víctimas, prevenir la reincidencia y establecer mecanismos que permitan un mayor control sobre quienes hayan sido condenados por este tipo de delitos.

Diputadas respaldan las reformas

Durante el debate, la diputada del Partido Liberal por Francisco Morazán, Alia Kafaty, manifestó que desde hace varios años ha impulsado iniciativas para endurecer las sanciones contra los agresores, experiencia que, según indicó, también está marcada por haber sido víctima de violencia doméstica.

La congresista solicitó que se analice la posibilidad de aplicar la reforma de manera retroactiva para beneficiar a mujeres que obtuvieron sentencias antes de la aprobación de estos cambios.

“Hay víctimas de violencia doméstica que hubiésemos deseado que estas medidas estuvieran cuando nosotras pusimos la denuncia y cuando conseguimos sentencias firmes; en ese entonces, lo único que hacían era mandarlos a barrer las calles o ser edecanes de algún evento de la alcaldía”, expresó.

Por su parte, la también diputada liberal por Francisco Morazán, Saraí Espinal, propuso eliminar el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Doméstica, al considerar que las sanciones actuales, como el trabajo comunitario consistente en barrer calles, resultan insuficientes frente a la gravedad de este tipo de violencia.

Con estas reformas, el Congreso Nacional busca fortalecer el marco jurídico de protección a las mujeres, endurecer las consecuencias para los agresores y avanzar en la prevención y combate de la violencia doméstica en Honduras.

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