El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes una amplia reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal orientada a endurecer las penas contra la extorsión, fortalecer el combate al crimen organizado y declarar como asociaciones terroristas a las maras y pandillas que operan en el país. La iniciativa, discutida y aprobada por el pleno legislativo, también contempla la creación de la “Agencia Nacional contra el Crimen”, una nueva instancia de coordinación estratégica integrada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas y demás organismos de inteligencia del Estado. Según el dictamen, el objetivo de esta agencia será fortalecer las acciones contra la extorsión, el crimen organizado y otros delitos de alto impacto que afectan a la población hondureña. Consejo de Defensa determinará organizaciones terroristas Durante la discusión del proyecto, los diputados aprobaron una modificación para que sea el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el encargado de determinar cuándo una estructura criminal puede ser catalogada como organización terrorista. La reforma modifica los artículos 272, 373, 374, 375, 415, 473, 522 y 587 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo No. 130-2017. Entre los cambios más relevantes destaca la reforma al delito de extorsión, que ahora será castigado con penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas de 500 a 1,000 días. El nuevo articulado establece que incurre en extorsión quien, mediante violencia, amenazas o intimidación, obligue a otra persona a entregar dinero, bienes o realizar actos en beneficio propio o de organizaciones criminales. Además, se establece que si producto de la extorsión una persona pierde la vida, se impondrá prisión perpetua a los responsables. Extorsión será castigada aunque no se concrete el cobro El decreto también señala que el delito de extorsión se considerará consumado aunque no se haya logrado el objetivo económico perseguido por los delincuentes. Asimismo, responderán como coautores no solo quienes realicen amenazas, sino también quienes participen en el cobro del dinero, administración de cuentas bancarias o recepción de bienes provenientes de la actividad ilícita. La normativa además prohíbe la aplicación del procedimiento abreviado en casos de extorsión debido a la gravedad y vinculación de este delito con estructuras de criminalidad organizada. Aumentan agravantes por extorsión Las reformas incorporan agravantes específicas que incrementarán las penas en un tercio cuando el delito sea cometido por miembros de estructuras criminales organizadas, funcionarios públicos, reincidentes o cuando se utilicen menores de edad o personas con discapacidad. También se agravarán las penas cuando la extorsión provoque el cierre temporal o definitivo de negocios, cuando los delincuentes simulen ser autoridades o cuando las operaciones criminales sean dirigidas desde el extranjero. En el caso de funcionarios públicos involucrados en estos delitos, además de la pena de prisión, se impondrá inhabilitación especial para ejercer cargos públicos entre 20 y 25 años. Reducirán penas a colaboradores El dictamen contempla atenuantes para integrantes de estructuras criminales que colaboren con las autoridades. Las penas podrán reducirse en un tercio para quienes confiesen actividades delictivas, ayuden a prevenir delitos de extorsión, faciliten pruebas o colaboren en la desarticulación de organizaciones criminales. Sin embargo, este beneficio no aplicará para quienes ejerzan funciones de dirección, coordinación o mando dentro de las estructuras delictivas. Penalizan uso ilegal de uniformes policiales y militares Otra de las reformas aprobadas castiga el uso ilegal de uniformes, insignias o equipos policiales y militares. Quienes utilicen públicamente estos elementos sin autorización enfrentarán penas de cuatro a seis años de prisión o multas de 400 a 600 días. Si dichos uniformes o equipos son empleados para facilitar delitos, las penas aumentarán de ocho a diez años de cárcel. Sanciones a empresas de telecomunicaciones El Congreso también aprobó sanciones para empresas y operadores de telecomunicaciones que incumplan con el registro e identificación de usuarios. La normativa establece multas de entre 700 y 1,000 días para quienes permitan la activación o comercialización de líneas telefónicas mediante identidades falsas, incompletas o no verificadas. En el caso de personas jurídicas responsables, las multas podrán alcanzar entre 1,000 y 2,000 días. Maras y pandillas serán consideradas asociaciones terroristas Uno de los puntos centrales de la reforma es la incorporación del delito de asociación terrorista. La normativa establece que serán consideradas asociaciones terroristas aquellas estructuras organizadas que ejecuten actos graves con el objetivo de generar terror en la población, controlar territorios, intimidar comunidades o presionar a gobiernos y organismos internacionales. El decreto incluye expresamente dentro de esta categoría a las maras, pandillas y estructuras transnacionales dedicadas al narcotráfico que ejerzan violencia sistemática, coerción o control territorial. Los directivos, promotores y financistas de estas organizaciones enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión y multas de 1,000 a 2,000 días. Mientras tanto, los integrantes de estas estructuras serán castigados con penas de 10 a 15 años de cárcel y multas de 500 a 1,000 días. Reformas procesales y acceso a información El decreto también reforma el artículo 237-A del Código Procesal Penal para ampliar la protección de testigos vulnerables y fortalecer la admisión de pruebas en casos vinculados al crimen organizado. Asimismo, obliga a empresas de telecomunicaciones, redes tecnológicas y entidades financieras a suministrar información requerida por órganos judiciales en plazos establecidos por ley. Las empresas deberán crear unidades permanentes disponibles en horarios hábiles e inhábiles para atender requerimientos judiciales en tiempo real. Finalmente, el proyecto establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será el encargado de diseñar y dirigir la política criminal contra asociaciones terroristas y estructuras criminales contempladas en el decreto. La nueva legislación entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Navegación de entradas Congreso garantiza acceso gratuito a La Gaceta Hondureños pueden ver decretos aprobados por el Congreso
