Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate el dictamen que autoriza 371 contratos de obras, supervisión, consultoría y auditoría del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis), con el objetivo de permitir la reactivación de proyectos de infraestructura social que permanecían paralizados. La iniciativa fue aprobada el jueves luego de que el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, solicitara la dispensa de debates para agilizar la aprobación de los contratos. De acuerdo con el dictamen, una parte de los proyectos corresponde a obras impulsadas durante la Administración anterior que no fueron firmadas o remitidas oportunamente al Congreso Nacional, requisito necesario para que pudieran continuar su ejecución al pasar al siguiente período de gobierno. Esta situación provocó que diversas obras quedaran inconclusas, principalmente en el sector educativo, donde varios centros escolares permanecieron con trabajos suspendidos y presentaban deterioro en sus instalaciones. Proyectos en 15 departamentos Los 371 contratos comprenden proyectos de infraestructura educativa, agua potable y saneamiento, mitigación de riesgos, infraestructura vial, supervisión de obras, auditorías y fortalecimiento institucional. Las obras están distribuidas en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro. Con la autorización legislativa se busca habilitar la continuidad de las inversiones pendientes y permitir que las instituciones responsables retomen los trabajos en las distintas comunidades beneficiadas. Más de 300 centros educativos Uno de los principales componentes de los contratos corresponde al Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (Promine), ejecutado por la Secretaría de Educación, que contempla proyectos de construcción, ampliación, reparación, reposición y modernización de centros educativos. Según el dictamen, el programa ha beneficiado a más de 300 escuelas y colegios en diferentes regiones del país. Entre los centros educativos incluidos en los contratos figuran la Escuela de Agricultura Valle de Sula, en Choloma, Cortés; el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes, en San Manuel, Cortés; el Centro de Educación Media Gubernamental Gabino Vásquez Argueta, en Santa Rita, Yoro, y la Escuela Nohemí Ferrera de García, en Choloma. También se contemplan obras en el Centro de Educación Prebásica Manuel de Jesús Valencia, en La Lima, Cortés; el Centro de Educación Prebásica Esteban Guardiola y los centros de educación básica Fernando Naranjo, Héctor Guillermo Guillén, Ingeniero Roberto Larios Silva, John F. Kennedy No. 1 y Juan Lindo, en San Pedro Sula. A la lista se suman la Escuela Ramón Rosa, en Puerto Cortés, y el Centro de Educación Media Gubernamental San José, en Copán. Asimismo, el decreto autoriza contratos para la reparación, ampliación, reposición y supervisión de grupos de centros educativos ubicados en Cortés, Yoro, Atlántida, Santa Bárbara, Copán, Lempira, Comayagua, Olancho, Valle y El Paraíso. Agua, saneamiento y obras comunitarias Además de la infraestructura educativa, los contratos incluyen proyectos destinados a la construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento, obras de mitigación de riesgos y rehabilitación de infraestructura vial. El paquete también contempla contratos relacionados con la supervisión técnica, auditorías y otras inversiones sociales que requerían autorización legislativa para continuar su ejecución. Con la aprobación de los 371 contratos, el Congreso Nacional busca facilitar la reactivación de obras que permanecían pendientes y permitir que las instituciones responsables retomen los trabajos hasta su conclusión. La medida permitirá continuar proyectos de infraestructura educativa y social en distintos departamentos, con el propósito de mejorar las condiciones de los centros escolares y de las comunidades beneficiadas. Navegación de entradas 298 alcaldes reciben maquinaria del Legislativo y Ejecutivo CN reforma Ley del RNP para identificar menores y registrar defunciones en el extranjero